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La necesaria reforma de la Justicia penal en España se ha visto influenciada, en los últimos años, por el aumento de las causas judiciales relacionadas con la corrupción y las tramas organizadas de delincuencia empresarial. De ahí que, entre los actuales temas de debate sobre qué reformas legales acometer para mejorar la eficacia de nuestro sistema judicial, se plantee la conveniencia de instaurar incentivos premiales para promover la colaboración con la Justicia por parte de todos aquellos sujetos que puedan aportar información eficaz y relevante para la investigación criminal.
La presente monografía lleva a cabo un estudio de las diversas medidas premiales (materiales y procesales) con las que convencer a los distintos delatores que pueden intervenir en el proceso penal (denunciantes anónimos, confidentes, testigos protegidos, whistleblowers y arrepentidos) para que colaboren con las autoridades. Y para ello, efectúa una investigación no solo del Derecho español, sino también de las soluciones ofrecidas en el Derecho supranacional y comunitario, y en otros sistemas de Derecho comparado.
Junto con el examen de la parte más conocida de esa Justicia premial con la que recompensar la «colaboración eficaz» con la Justicia —las excusas absolutorias y atenuantes del Derecho Penal—, en este libro se analizan muchas otras herramientas ya utilizadas en nuestro sistema judicial (v. gr., la admisibilidad de la denuncia anónima, la protección de la identidad del testigo y del confidente policial, la validez de la declaración del coimputado o la incorporación de canales internos de denuncia —whistleblowing— en el ámbito empresarial), así como otras que previsiblemente se incorporarán, como la posibilidad de no ejercitar la acusación ante la colaboración eficaz del investigado.
