Constituye el objeto del presente estudio la calificación del concurso de acreedores en el marco de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. ,\
En él se lleva a cabo un riguroso análisis de los aspectos procesales y sustantivos de la materia, dividiéndola en seis capítulos: presupuestos del proceso de calificación, el concepto de concurso culpable y los supuestos de culpabilidad, los aspectos procesales (formación de la sección, personación de interesados, legitimación, oposición y tramitación), la sentencia de calificación, la responsabilidad concursa! y la calificación en caso de intervención administrativa. Se abordan cuestiones novedosas, tales como la referencia normativa expresa al administrador de hecho, la complicidad concursal, la ejecución provisional de la sentencia de calificación y las relaciones que se plantean entre ia responsabilidad concursal y la responsabilidad societaria de los administradores.\
Tras casi cinco años de vigencia, la regulación legal ha dado lugar a la aparición de dos concepciones dogmáticas claramente enfrentadas en torno a la calificación del concurso culpable y, en especial, en lo referente a la naturaleza jurídica de la responsabilidad concursal, generándose una polémica que ha dividido a la doctrina y se ha proyectado sobre las resoluciones judiciales provocando un distinto tratamiento de la cuestión en función del posicionamiento del ponente de turno. El trabajo presenta un amplio muestrario de referencias doctrinales y de sentencias, exponente de una y otra concepción, con la pretensión de despejar, en lo posible, las dudas que se plantean a los operadores del derecho al tratar el proceso de calificación que, sin duda alguna, constituye uno de los problemas más complejos del nuevo concurso de acreedores.\
La obra incluye referencias a las novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, que ha materializado la primera reforma importante de la Ley 22/2003.\
