El título octavo de la Constitución de 1978 llevó a cabo, a costa de la natural supremacía del Estado sobre los demás entes territoriales, una ambiciosa descentralización en favor de las comunidades autónomas. Cuando parecía que estaban agotadas, al límite las previsiones constitucionales de este proceso, las reformas de los estatutos de autonomía, iniciadas en 2006, han generado numerosas y justificadas denuncias sobre los riesgos que comportan para la subsistencia del Estado, que algunos califican ya de residual y fragmentado. Ocupados los analistas políticos y académicos en esta grave cuestión, apenas han prestado atención a los peligros que para la cohesión de la organización pública puede suponer la llamada segunda descentralización en los términos propuestos por el Libro Blanco de Gobierno Local y el Anteproyecto de Ley de Gobierno Local, elaborados por el Gobierno Socialista en 2005. En esta obra se analizan los presupuestos ideológicos, las asociaciones de los entes locales que presionan a favor de esta reforma, los inconvenientes de la proyectada legislación local sin la previa y drástica reducción de los municipios y la potenciación de las provincias, y, en fin, la conveniencia de reforzar los controles gubernativos estatales o autonómicos sobre los entes locales ante el fracaso de los judiciales, líneas políticas que sobre la organización municipal y provincial o departamental se siguen en otros países europeos. El autor entiende que sólo siguiendo estos ejemplos, y no como se aborda en el Anteproyecto de Ley de Gobierno Local, inspirado en el “soberanismo local”, se podrá evitar la “medievalización” y corrupción en que parecen, según las reiteradas denuncias del Tribunal de Cuentas y los medios de comunicación social, estar sumidos nuestros municipios.
