Una de las novedades más significativas introducidas por el legislador en el proceso civil con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es el mecanismo creado para proteger los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, como respuesta a las continuas reclamaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios, así como de la sociedad en su conjunto, ante las vulneraciones que dentro de este ámbito pudieran producirse.
Uno de los aspectos más atractivos, dentro de los litigios relativos a los consumidores y usuarios, es el de los intereses difusos; y, más concretamente, el mecanismo de reconocimiento, articulado dentro del proceso de ejecución, tras la sentencia de condena dictada como consecuencia de la demanda interpuesta por la asociación de consumidores y usuarios legalmente representativa: el art. 519 LECiv.
La presente obra efectúa un estudio sobre dicho procedimiento de reconocimiento, analizando cuestiones tales como: el papel desempeñado por las asociaciones de consumidores y usuarios, la legitimación activa para demandar el reconocimiento, la naturaleza jurídica y el objeto del procedimiento, así como la resolución judicial que pone fin al mismo, sus diversas modalidades y su ejecución, entre otros aspectos.